En 2018, derivado de una denuncia ciudadana, la organización Los Supercívicos documentó que la cadena farmacéutica Farmacias del Ahorro tenía una práctica sistemática a nivel nacional que consistía en derribar árboles con el objetivo de construir cajones de estacionamiento en la entrada de sus sucursales, se registró que a nivel nacional se habían derribado más de mil 809 árboles . Por ello, Los Supercívicos junto con TOJIL y MCCI denunciaron el derribo de 103 árboles en las sucursales de la Ciudad de México y un posible esquema de corrupción de este modus operandi ante la Fiscalía General de la Ciudad de México.

En este caso logramos una histórica resolución que nos reconoce como víctima durante el procedimiento penal en contra de la farmacéutica, por lo que ahora colaboramos mano a mano con la Fiscalía General de la CDMX en el esclarecimiento de los hechos y su investigación, para lograr que este no sea un caso más de impunidad.

Las organizaciones solicitaron tener el carácter de víctima para poder participar y colaborar con el Ministerio Público en la investigación, no obstante, la Fiscalía General de la CDMX se negó a reconocerles este carácter. Por ello, acudieron a una audiencia pública ante un juez de control para combatir esta determinación. En ella, el juez concedió la razón a las organizaciones y revocó la determinación de los fiscales y ordenó que estas fueran reconocidas como víctimas, especialmente por el delito de derribo de árboles.

A partir de ello las organizaciones están colaborando en la investigación y aportando evidencias que han resultado ser piezas clave para el proceso. En las indagaciones se descubrió que Farmacias del Ahorro podría estar actuando en colaboración con otra empresa para el derribo de los árboles, la cual cuenta con los mismos representantes y directivos.

Actualmente el caso sigue en curso ante un juzgado federal que debe pronunciarse respecto a la prescripción o no de los delitos cometidos por la farmacéutica. De lograrse una sentencia contra Farmacias del Ahorro, se generaría uno de los primeros precedentes a nivel nacional en el que se le imputa responsabilidad penal a una empresa por un delito ambiental, la cual, además, estaría obligada a reparar el daño a la sociedad y, por otro lado, evitaría que estas conductas se sigan perpetuando.

En un país en donde el 99% de los delitos que se denuncian quedan impunes, lo más probable es que una acusación de este tipo, en contra de una empresa poderosa como Farmacias del Ahorro, se hubiera desestimado a través de sobornos. Sin embargo, la participación ciudadana ha permitido contar una historia completamente diferente.