La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua es un órgano constitucional autónomo desde 2020. Desde entonces, la legislación proscribe que la persona titilar de esta institución (ya sea interina o permanente) sea designada directamente por el Poder Ejecutivo. A pesar de lo anterior, en  junio de 2022 la Gobernadora, María Eugenia Campos Galván (quien fue investigada por hechos de corrupción en casos relacionados con el exgobernador César Duarte), y el Secretario General de Gobierno, César Gustavo Jauregui Moreno, nombraron de manera directa y discrecional a Nidia Aidin Orpinel Pizarro como “Encargada de Despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”.

Ante la evidente inconstitucionalidad e ilegalidad de esta designación, TOJIL junto con Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano A.C. y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Chihuahua presentamos un juicio de amparo indirecto y una denuncia en contra de las autoridades aludidas. Por un lado, en el juicio constitucional argumentamos que dicha designación transgrede la autonomía de la fiscalía anticorrupción y, en consecuencia, vulnera el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción y el derecho a una correcta administración pública en perjuicio de toda la sociedad. Por otro lado, en la vía penal, denunciamos a dichas autoridades por el delito de Ejercicio Ilegal del Servicio Público.

La denuncia presentada en octubre de 2022 por TOJIL generó una investigación penal en contra de la Gobernadora, el Secretario General de Gobierno (actualmente Fiscal General del Estado) y Orpinel Pizarro. En febrero de 2023 TOJIL logró que el Ministerio Público le reconociera la calidad de víctima a las organizaciones denunciantes. Este reconocimiento nos ha permitido participar en la investigación, aportar datos de prueba, combatir las determinaciones del ministerio público y evitar que el caso quede impune por influencias o presiones políticas.

En agosto de 2023, TOJIL solicitó formalmente al ministerio público que ejerciera acción penal en contra de Orpinel Pizarro y que presentara las correspondientes solicitudes de desafuero (declaración de procedencia) ante el congreso local respecto de Campos Galván y Jauregui Moreno. Ante la ausencia de respuesta y la inactividad de la autoridad investigadora, TOJIL ejercerá sus derechos de víctima y llevará el caso a instancias judiciales para evitar que la investigación sea obstruida por presiones políticas.

La autonomía de las fiscalías anticorrupción es una condición indispensable para que éstas cumplan con su función en la lucha anticorrupción. Desafortunadamente, dicha autonomía incomoda a las autoridades involucradas en redes de corrupción y, por ende, no resulta extraño que intenten vulnerarla y cooptar estas instituciones. Ante este escenario, la participación ciudadana es la última línea de defensa contra la corrupción y la impunidad.